Si los bienes comunes encierran un importante potencial democratizador, ¿por qué parece tan difícil entonces construir entorno a ellos un programa de movilización para el conjunto de las clases trabajadoras? Y si no son más que un instrumento jurídico para regular el uso y la gestión de ciertos recursos, ¿por qué levantan discusiones políticas tan acaloradas?
Si bien es cierto que el lema «Ni público, ni privado, sino común» es una consigna que captura bien el sentir de una parte mayoritaria de la ciudadanía, también lo es que suscita algunos interrogantes: ¿responde la propiedad pública únicamente a la gestión estatal centralizada y jerárquica? ¿Se basa la propiedad privada en un derecho individual, exclusivo y despótico? ¿Y los comunes? ¿Son efectivamente un tercer tipo de propiedad? ¿Constituyen la propiedad pública, la privada y la común tres regímenes antagónicos? Los bienes comunes no son una creación espontánea, sino arreglos jurídicos y sociopolíticos que cristalizan históricamente junto a las instituciones políticas y a distintas prácticas económicas. Por ello, solo pueden constituir el tercer vértice de una tríada irreconciliable en la medida en que concebimos «lo público» y «lo privado» de un modo contrapuesto, estanco y abstracto, rehén del marco conceptual y de la coyuntura interpretativa dominante de nuestra época.
Disputar «lo público» y «lo privado» en sentido destituyente para tratar de instituir modos más democráticos de producir, administrar y distribuir recursos es una necesidad acuciante en un momento en que el capitalismo no solo se ha arrogado los medios de producción, sino también el significado de muchos conceptos que conforman el campo semántico de los movimientos emancipatorios. Este libro pretende contribuir a revertir esta dinámica.